Milei disuelve organismos viales y reorganiza el control del transporte
El mandatario nacional suscribió una resolución que determina la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. La medida fue presentada por la administración como una respuesta directa a la sentencia judicial que afectó a Cristina Fernández.
Durante la conferencia de prensa del lunes en la sede gubernamental, el portavoz Manuel Adorni explicó que Vialidad Nacional "fue diseñada para facilitar actos de corrupción", haciendo referencia explícita al papel que desempeñó esta institución en el proceso judicial contra la expresidenta. La decisión se enmarca en una reestructuración completa del sistema de supervisión del transporte y las obras públicas.
Como parte de estas reformas, el gobierno procederá a modificar la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que adoptará la denominación de Agencia de Control y Concesiones de Servicios Públicos del Transporte. Esta renovada institución concentrará las tareas de regulación y supervisión de carreteras, ferrocarriles y servicios bajo concesión.
El vocero explicó que "la CNRT había perdido gran parte de sus atribuciones debido a la desregulación del transporte", y agregó que "esta restructuración posibilitará retomar el control real sobre los servicios y las obras estatales".
Adorni informó además sobre el lanzamiento de licitaciones para 9.120 kilómetros de carreteras nacionales, que según sus palabras "después de décadas de malversación y corrupción sufrieron un deterioro sin precedentes". Respecto a la supervisión del tránsito, indicó que quedará bajo la responsabilidad de Gendarmería Nacional, fuerza que ejecuta más de 2,5 millones de inspecciones anuales en 80.000 puntos de control distribuidos por todo el territorio.
"La corrupción en las obras públicas recibe hoy su certificado de defunción, y quien lo firma es el Presidente", enfatizó Adorni, recordando que la eliminación de estos organismos se realiza mediante las facultades que el Congreso delegó al Ejecutivo. Subrayó también que Milei optó por no extender dichas atribuciones, diferenciándose de administraciones previas.
