
El oficialismo tiene los votos para aprobar la ley de Malvinas en Diputados pero corre peligro un capítulo clave
Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- El oficialismo tiene los votos para aprobar en general el próximo miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacion...
Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- El oficialismo tiene los votos para aprobar en general el próximo miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional pero podría sufrir la amputación de un capítulo entero que es resistido por sectores dialoguistas.
El jueves pasado el oficialismo intentó alinear a sus aliados en un encuentro a puertas cerradas en el Salón de Honor, y se llevó reacciones diversas: el PRO y la UCR se comprometieron a apoyar el texto con o sin modificaciones, mientras que Provincias Unidas, Argentina Federal y hasta la monobloquista radical Karina Banfi exigieron cirugía mayor en el capítulo 7 a cambio de los votos.
Por el momento, el oficialismo solamente prometió retoques menores, lo que maximiza el riesgo de que el capítulo entero sea guillotinado en la votación en particular.
Una vez que se vote en general, se pasará al desglose por capítulos y el 7 en particular necesita una mayoría especial de 129 votos para su aprobación porque propone, entre otros elementos, cambios al sistema electoral.
Esa cantidad de votos no está garantizada y por ese motivo no se descarta que el Gobierno acepte a último momento quitar el capítulo para aglutinar respaldo amplio en torno al núcleo duro de sanciones a empresas petroleras que operan sin autorización argentina en el Atlántico Sur.
La sesión, prevista para este miércoles desde las 12 del mediodía, también incluye en el temario la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de delitos de menores y de los delitos contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC– y el Mercado Común del Sur –MERCOSUR–, y la enmienda al Protocolo de Montevideo.
EL RESISTIDO CAPÍTULO
El capítulo 7 prevé multas importantes a extranjeros sin residencia permanente en el país y a personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales.
Además, crea tipos penales vinculados a la "injerencia extranjera". Por caso, propone penas de prisión por "facilitar operaciones militares o de inteligencia dirigidas por un Estado extranjero u organización y destinadas a afectar la seguridad nacional o la integridad territorial de la Nación”.
También dispone penas de prisión por poner los secretos a disposición de un Estado o servicio de inteligencia extranjero; y por proporcionar ayuda a operaciones clandestinas de inteligencia por cuenta de un Estado extranjero.
Se prohíbe la organización, financiación y ejecución de "campañas de injerencia extranjera" y de "actos de violencia o sabotaje dirigidos contra el Estado argentino o sus habitantes".
A raíz de la lluvia de críticas que recibió en su momento el proyecto, el Gobierno aceptó dejar afuera de cualquier tipo de persecución penal o económica a "la actividad diplomática ejercida conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica" y "la representación de intereses realizada de forma abierta y conforme a la normativa aplicable".
Hay otros puntos que también generan dudas en algunas fuerzas políticas como el rol de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior y los protocolos de derribo de aeronaves y hundimiento de barcos.
LOS PUNTOS CLAVE DEL PROYECTO DE MALVINAS
El principio rector de la iniciativa, resistida por la oposición dura, es aumentar las competencias del Poder Ejecutivo para actuar ante la irrupción de una vagamente definida "amenaza externa".
Para el peronismo y la izquierda, el proyecto del Gobierno es un "caballo de Troya" que esconde una inédita concentración de poder en el Poder Ejecutivo para que tome medidas de excepción como si fueran normales.
Si bien el proyecto mantuvo las sanciones penales y económicas por la explotación sin autorización argentina de recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas, con penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas de empresas, socios y proveedores, se dejó afuera a los accionistas con participaciones de hasta un 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones.
Además, se suavizaron las multas, pasando de entre 20 mil y 100 mil barriles de petróleo (lo dispuesto en el texto original) a entre 2 mil y 40 mil.
A pedido de bloques aliados, el oficialismo aceptó ampliar la integración del Consejo de Seguridad Nacional con la incorporación como miembros no permanentes del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente provisional del Senado y de gobernadores.
Este nuevo órgano, que tiene la tarea primaria de coordinar la estrategia unificada de seguridad, defensa e inteligencia estratégica, será presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.
Entre sus funciones se encuentra la protección de infraestructuras críticas y podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza externa grave, como por ejemplo restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.
El protocolo para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques y la autorización para que las Fuerzas Armadas puedan participar en "operaciones no convencionales" son algunos de los puntos más controversiales que se mantienen en pie en la reforma.
Este elemento es uno de los que más levanta críticas por el hecho de que se desdibuja la separación de las funciones y facultades entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, permitiendo que estas últimas se desempeñen en Seguridad Interior.
Una modificación que el oficialismo concedió a pedido del diputado Eduardo Falcone (MID) es la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso encargada de auditar y monitorear las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional.
Según se establece en el articulado, el Poder Ejecutivo deberá informar a la bicameral las medidas tomadas en el ámbito del Consejo en un plazo máximo de 48 horas.
Un punto polémico de la reforma es que le da rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la inscripción de organizaciones en esa lista negra solamente si hay "motivos razonables para sospechar".
Para la oposición, los conceptos de "terrorismo" y "amenaza externa" aparecen en el proyecto con una definición muy laxa, sin precisión técnica y abren la puerta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para perseguir la disidencia legítima y restringir libertades civiles y políticas.
Agencia NA